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Preguntas Frecuentes

Queremos que conozcas de primera mano los desafíos y retos que enfrenta hoy el comercio exterior. 

respecto la Resolución Reglamentaria DIAN No. 46 del 26 de Julio de 2019, a través de la cual se reglamenta el Decreto 1165 de 1999, en su artículo 688 consagra:

"Artículo 688. Compensación. Excepcionalmente se podrá autorizar la compensación de tributos internos a de tributos externos, o de tributos externos a tributos internos, cuando se efectúen pagos de impuestos de renta, impuesto sobre las ventas, retención, sanciones tributarias y retención por enajenación de activos fijos, utilizando el recibo oficial de pago de tributos aduaneros o se cancelen tributos aduaneros, sanciones aduaneras o sanciones cambiarias utilizando el recibo de pago de impuestos nacionales. (resaltado fuera del texto).

En todo caso la compensación procederá siempre y cuando no existan deudas en los tributos donde se origina el pago de lo no debido.

De igual forma es importante tener claro las causales de devolución por pagos en exceso tal y como lo contempla el artículo 728 de la misma norma así:

  1. Cuando se hubiere expedido una liquidación oficial de corrección en la que se reduzca el valor a pagar por concepto de los tributos aduaneros, rescate y/o sanciones.
  2. Cuando se hubiere pagado una suma mayor a la liquidada y debida por concepto de tributos aduaneros, rescate y o sanciones.
  3. Cuando se hubiesen efectuados pagos por concepto de derechos antidumping o compensatorios provisionales y estos no se impongan definitivamente, o se impongan en una menor cantidad.
  4. Cuando al resolverse los recursos de la actuación administrativa se advierta que existió un pago en exceso, en la misma providencia se ordenara el reconocimiento de dichas sumas.
  5. Cuando hubiere lugar a la cancelación del levante. Para los efectos del presente Decreto, se entiende por pago en exceso las sumas de dinero pagadas de más, en relación con tributos aduaneros, rescate o sanciones determinadas en una declaración o acto administrativo en firme.

Comenzaría diciendo lo siguiente: no se puede confundir o asimilar la acción de extinción de dominio que consagra el artículo 34 constitucional, con la figura del  decomiso  administrativo, porque si bien es cierto las dos se asemejan porque implican una limitación o pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado sin contraprestación alguna, su naturaleza jurídica es diversa, así las cosas La intervención de las autoridades judiciales se debe exigir solamente  para los casos de extinción del dominio que son señalados en el artículo 34 constitucional, es decir, contra los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social, pero sin que sea estrictamente necesaria cuando la limitación del derecho a la propiedad tenga otro origen, por ejemplo, la comisión de  una infracción administrativa, El decomiso administrativo  no tiene por objeto sancionar la forma de adquisición del bien, como sucede con la figura de la extinción del dominio, sino la inobservancia de la norma que proscribe determinadas conductas o que impone algunas exigencias a los administrados, es decir, la inobservancia de una obligación legal,  esta clase de decisiones siempre serán susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, siempre la jurisdicción podrá pronunciarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otras. Es decir, los jueces tendrán siempre la opción de decidir definitivamente sobre esta clase de sanciones. Por tanto, no se puede considerar que el que una autoridad administrativa decrete un decomiso definitivo, impida el acceso a la jurisdicción, ya que por la naturaleza administrativa de la sanción, ésta siempre podrá ser discutida ante aquella, lo que garantiza la protección del derecho a recurrir a la administración de justicia como del derecho de propiedad y, a diferencia de la libertad personal, el derecho a la propiedad y sus limitaciones no está sujeto a una reserva judicial en la Constitución. En consecuencia, nada se opone a que, en determinados eventos, una autoridad administrativa, actuando de conformidad con la ley que le dé la atribución, pueda ordenar el decomiso definitivo de un bien. Sin embargo, la sala de lo constitucional reitera que el decomiso permanente como sanción administrativa originado en la inobservancia de una infracción de carácter administrativo, se ajusta a la Constitución, siempre y cuando cumpla, entre otros, los siguientes requisitos es decir se ajuste a los siguientes principios: Principio de legalidad, Principio de Tipicidad, Principio de proporcionalidad e independencia de la sanción penal.

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